La CTERA denunció que el proyecto de “libertad educativa” elimina el rol del Estado, habilita vouchers y pone en jaque a la escuela pública. Reclama frenar lo que considera un avance privatista sin precedentes.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) denunció que el borrador de la denominada “Ley de Libertad Educativa” constituye “un verdadero ataque al sistema democrático” y un avance directo contra la escuela pública, el rol del Estado y los derechos laborales conquistados en décadas de lucha docente.Material escolar
En un comunicado, la Junta Ejecutiva sostuvo que la iniciativa oficial busca derogar la Ley de Educación Nacional (26.206), aprobada en 2006 tras un extenso debate multisectorial, para reemplazarla con un marco que “responde a los intereses de las corporaciones privadas más concentradas” y que redefine a la educación como un servicio regido por la lógica individual y no como un derecho social.
Para la central docente, el proyecto impulsado por el Gobierno pretende relegar al Estado a un rol subsidiario, eliminando su responsabilidad principal en el financiamiento integral del sistema. Eso dejaría sin efecto artículos clave de la ley vigente, como el que garantiza un piso del 6% del PBI destinado a educación y la prohibición de firmar acuerdos comerciales que promuevan su mercantilización.
Además, el sindicato alertó que la reforma propone pasar del financiamiento institucional al financiamiento de la demanda: vouchers individuales para familias que elijan escuelas privadas, un esquema que —según advierten— profundizaría la desigualdad y rompería cualquier principio de igualdad educativa.
Educación
Nuevas modalidades: homeschooling, religión y vouchers
Entre las modificaciones más polémicas que remarca CTERA se incluyen el reconocimiento del homeschooling sin restricciones de edad, la incorporación de formación religiosa confesional en escuelas públicas y la transferencia de responsabilidades educativas a las familias, desplazando el rol socializador del sistema escolar.
La organización también cuestionó la intención oficial de declarar la educación general básica como “servicio esencial”, una definición que —de aplicarse— limitaría el derecho a huelga y obligaría a garantizar “continuidad mínima” incluso en medio de medidas de fuerza.
Mientras crecen los rechazos en el ámbito sindical, el Gobierno avanza con su propio diagnóstico y plantea una reforma profunda. En el Ministerio de Capital Humano, junto con la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, trabajan en un paquete legislativo que incluye la publicación abierta de los resultados institucionales de las pruebas Aprender.
La iniciativa prevé la creación de un portal digital de acceso libre donde cada escuela tendrá su rendimiento académico visible al público, con datos desagregados por institución pero sin identificación nominal de estudiantes o docentes.
Según la visión oficial, esta medida permitiría que las escuelas de bajo rendimiento observen las prácticas exitosas de otras instituciones y que las familias cuenten con información transparente para elegir a qué establecimiento enviar a sus hijos.
Autonomía pedagógica y cambios en la ley
El borrador oficial también contempla otorgar mayor autonomía pedagógica, permitir modalidades híbridas o a distancia y modificar criterios de financiamiento universitario en función del número de estudiantes, egresados y áreas estratégicas.
Dentro del Gobierno también destacan que la publicación de resultados no busca “estigmatizar” a las escuelas, sino generar un mecanismo de competencia que incentive mejoras. Admiten, sin embargo, que habrá resistencia de instituciones que no quieren quedar expuestas en los rankings.
Material escolar
La confrontación entre CTERA y el Ejecutivo abre un nuevo frente político en un contexto de alta sensibilidad educativa. Mientras el Gobierno busca avanzar con su paquete de reformas para “modernizar” el sistema, los gremios denuncian que se trata de un retroceso que “pretende llevarnos al siglo XIX”.
