El p
royecto de la “ley de leyes” que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso para el año 2026 revela un mapa preocupante para la educación argentina.
El rubro “Educación y Cultura” del Estado nacional se estanca en una participación del 0,75 % del PBI, la más baja en al menos una década. Este planteo consolida años de caída, pese a que nominalmente se observen incrementos: la realidad es que los números reales y la distribución del gasto muestran ajustes estructurales profundos.
Caída del financiamiento educativo nacional
En 2015, la inversión nacional en educación alcanzaba el 1,59 % del PBI, cifra que serviría como pico para la década. A partir de entonces, comenzó una senda descendente: para 2024 se estima 0,86 % del PBI, para 2025 alrededor de 0,73 %, y para 2026 se espera 0,75 %. Esta tendencia no solo expresa recortes, sino un cambio estructural en la relevancia del Estado nacional como financista de la educación.
Eliminación del piso legal y dependencia de ayuda provincial
El proyecto contempla la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que fijaba un compromiso del 6 % del PBI para la educación considerando Nación y provincias. Con esto, la educación del país pasa de tener un piso legal mínimo a depender exclusivamente de la discrecionalidad presupuestaria. Además, sólo alrededor del 25 % del gasto educativo público es asumido por la Nación, mientras que el 75 % restante queda en manos de las provincias.
Aunque la partida de la Secretaría de Educación muestra un aumento nominal del 17,9 % para 2026 respecto de 2025, ese incremento equivale a apenas un 3,6 % real si se toma la inflación oficial estimada. Con la inflación del REM, el crecimiento real sería prácticamente nulo. En términos relativos, el área educativa baja su participación en la función “Educación y Cultura” del 85 % al 81,7 %.
Concentración en la educación superior y recorte en infraestructura
Dentro del presupuesto educativo, el programa “Desarrollo de la Educación Superior” —que agrupa a las universidades nacionales— absorbe el 77 % del total. En cambio, para los niveles obligatorios y la educación no universitaria sólo queda el 14,6 %. El recorte también se traduce en infraestructura: se estima una caída del 62,9 % en los recursos para infraestructura y equipamiento escolar.
El giro del Plan Nacional de Alfabetización
Este plan, lanzado en 2024, es uno de los pocos ámbitos con crecimiento real. Su presupuesto sube nominalmente 78,9 %. Pero el destino de los fondos varía: el 82 % se concentrará en la universalización de la jornada extendida, mientras que las “acciones complementarias” del programa se reducirán un 96,9 % y la formación docente caerá un 25,2 %. En suma: más tiempo en la escuela, pero menos inversión en acompañamiento pedagógico, materiales y formación.
En lo político, esta estructura presupuestaria marca un quiebre histórico: pasar de un compromiso legal formalizado a una dependencia plena del Gobierno de turno. La eliminación del piso del 6 % del PBI representa una redefinición de prioridades para el Estado argentino en materia educativa.
Desde lo social, expertos advierten que estas dinámicas amplían desigualdades: la caída de la inversión en infraestructura y equipamiento profundiza las brechas entre provincias y sectores. En ámbitos pedagógicos, se corre el foco de la formación docente y la innovación tecnológica hacia la logística de extensión escolar, sin garantizar nuevos contenidos o mejoras en calidad.
La prioridad presupuestaria para las universidades sigue alta: concentran tres cuartas partes del presupuesto educativo nacional. Sin embargo, el nivel de aumento no compensa la inflación acumulada ni los atrasos salariales de los docentes y no docentes.
