La Universidad pública en Argentina es una conquista colectiva desde hace más de cincuenta años, sostenida por el esfuerzo de toda la sociedad.
Por eso, para el próximo gobierno constitucional es necesario de dar un debate serio: y también en un compromiso concreto con la comunidad.
Proponemos pensar que quienes acceden a la formación universitaria puedan retribuir, con parte de su tiempo, ese esfuerzo colectivo hacia la justicia social.
No como castigo ni imposición, sino como una política pública que fortalezca la equidad, acerque el conocimiento a quienes más lo necesitan y construya una sociedad más justa. No como en este momento del gobierno actual que no reconoce todo el esfuerzo de la comunidad docente en general.
Cuando el Estado …es decir todos nosotros…invierte en educación, la comunidad también debe recibir ese valor de manera directa.
Desde una mirada de justicia social y comunidad organizada, es necesario abrir un debate: cómo ese derecho también se transforma en un compromiso con quienes más lo necesitan.
Pensar en profesionales que enseñen y sean retribuidos como corresponde al costo de vida de cada uno.
Que cada uno de los alumnos ya recibidos, aporten parte de su tiempo en hospitales, escuelas, barrios y acompañando a los sectores más vulnerables, no como una carga, sino como una forma de devolver al pueblo lo que el pueblo hizo posible.
Siempre con un principio claro: el trabajo debe ser digno y reconocido. Por eso, estas iniciativas deben ir de la mano de políticas públicas que garanticen derechos, condiciones justas y un Estado presente.
Porque donde hay una necesidad, nace un derecho. Y también una responsabilidad colectiva de construir una Argentina Socialmente Justa, económicamente libre y políticamente soberana.
